97.000 millones de dólares deberán pagar por sentencia de un tribunal japonés, los operadores de la planta Fukushima por el desastre nuclear de 2011.
La catástrofe ocurrida el 11 de 2011 en la central atómica de Fukushima en Japón, ha vuelto a ocupar las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo, tras la demoledora sentencia este miércoles, contra los operadores de la planta.
En una sentencia sin precedente este miércoles un Tribunal de Distrito de Tokio ordenó a cuatro exejecutivos de Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) pagar 97.000 millones de dólares, a la empresa, por los daños causados por el desastre en la central nuclear de Fukushima No. 1 tras el terremoto y tsunami, que provocó la fusión de tres reactores el 11 de marzo de 2011
La medida deja en evidencia la impericia o imprudencia de los sentenciados por su actitud en los primeros momentos del accidente. Si se hubieran tomado las medidas mínimas en el momento del tsunami que llegara a alcanzar olas de 14 metros, podría haberse evitado las inundaciones en los edificios principales y las salas de equipos críticos de la central nuclear de Daiichi en la prefectura de Fukushima, en la costa noreste del país.
Las consiguientes fallas en la planta nuclear y la liberación de contaminación radioactiva provocó la evacuación de 154,000 personas habitantes en los alrededores de la planta, debido a los crecientes niveles de radiación registrados a consecuencia de los reactores dañados.
El accidente condujo al cierre en algo más de un año de todas las centrales nucleares del país, responsables de producir el 30% de la electricidad. A la vez que desató un movimiento internacional por la desaparición de las centrales nucleares, con gran influencia en la política nuclear de países como Alemania que en el presente año espera cerrar las tres centrales que quedan en funcionamiento.
La demanda fue presentada por 48 accionistas de Tepco contra cinco exfuncionarios de la empresa, incluido el expresidente de la compañía Tsunehisa Katsumata, de 82 años, y el expresidente Masataka Shimizu, de 78.
Los demandantes quienes salieron victoriosos en esta disputa legal, acusaron a los ejecutivos de Tepco de ignorar las recomendaciones de tomar medidas de protección contra tsunamis más estrictas.
Inicialmente los demandantes habían solicitado una demanda mucho mayor de 22 billones de yenes.
El principal litigio en el tribunal era alrededor de una evaluación gubernamental de 2002 sobre posible daño a causa de tsunami y el desconocimiento de los ejecutivos de Tepco de considerar los riesgos y tomar las medidas procedentes.
Los demandantes reclamaban que se trataba de un informe de una agencia pública ocupada de la prevención de desastre y por ello debía haber sido tomado en cuenta.
