La policía nicaragüense tomó el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 24 de octubre de 2023, desalojando de sus oficinas a la presidenta, Alba Luz Ramos, y a la magistrada Yadira Centeno González. También destituyó a varios funcionarios clave del Poder Judicial.
Según testigos, los agentes policiales ingresaron a los edificios de la CSJ y sacaron a Ramos y Centeno de sus oficinas. Ramos fue enviada a su casa, bajo vigilancia policial. Centeno regresó a su oficina posteriormente.
El martes 24 de octubre, circuló un comunicado interno en la CSJ que ordenó dos días de asueto y en el que se mencionó como «presidente en funciones» al magistrado Marvin Aguilar, quien es el vicepresidente de esa institución.
También se conoció que fueron destituidos varios directores del Poder Judicial y algunos de ellos han sido interrogados.
Al parecer, lo ocurrido guarda relación con la detención en octubre del año pasado de dos poderosos funcionarios de la CSJ: el vocero, Roberto Larios Meléndez, y a la magistrada Ileana Pérez López. Tras estas detenciones, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, ha venido avanzando en obtener el control de la CSJ.
El exfuncionario judicial Yader Morazán y el exdiputado Eliseo Núñez coincidieron en que lo ocurrido se puede calificar como un «golpe de Estado».
Morazán dijo que el grupo policial que llevó a cabo el operativo estuvo encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, quien había sido dado de baja en 2014, pero que fue reenganchado por Daniel Ortega en 2022 como «ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad».
Anteriormente, habían sido destituidos Berman Martínez, secretario de organización del FSLN y secretario general administrativo de la CSJ, y el director de Informática Martín García. Ambos fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Son investigados por supuestos actos de corrupción en las licitaciones para la construcción de nuevos edificios y la compra de equipos informáticos.
Según una fuente cercana a la corte, Murillo viene tomando el control de varias dependencias y ministerios en Nicaragua, como el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Morazán dijo que desde 2018, el régimen de Ortega comenzó a implementar una reorganización del Poder Judicial.
La jurista y catedrática María Asunción Moreno dijo que el «golpe de Estado» ya lo había dado Ortega cuando se «reeligió de forma inconstitucional» en 2011.
La experta afirmó que lo que está pasando en el Poder Judicial es una clara manifestación de la concentración de poder absoluto que ejerce el régimen Ortega Murillo.
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